Un nuevo escándalo se generaría próximamente en el Fútbol Profesional Colombiano ante la posible sanción que recibirán laDivisión Mayor del Fútbol Colombiano (DImayor), 16 clubes y hasta 17 directivos por ser culpables de "prácticas anticompetitivas", que han perjudicado la "libre negociación" de los derechos deportivos de los futbolistas.
Desde noviembre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un pliego de cargos el objetivo de establecer si las personas investigadas habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del balompié nacional al impedir la transacción de al menos 16 deportistas entre el año 2018 y 2021.
Lea también: Seis fracasos continuos suma James y en todos los idiomas!
En su momento la gestión de la SIC relacionó a los clubes Talento Dorado S.A, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado FC, Tigres FC, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fc, Fortaleza, Leones, Real Santander, Alianza.
Por otro lado, los directivos implicados serían Paola Andrea Salazar, José Fernando Salazar, José Augusto Cadena, Ricardo Hoyos, José María Campo, Óscar Armando Casabón, Ramiro Alberto Ruiz, Édgar Jesús Páez, Gabriel Camargo Salamanca, Tulio Marío Castrillón, Jesús Hernando Ángel, Carlos Mario Zuluaga, Gustavo Bernardo Moreno, Carlos Alberto Barato, Carlos Alberto Murillo, Roberto Enrique Rodríguez, Carlos Orlando Ferreira, Jorge Fernando Perdomo, Jorge Enrique Vélez.
La SIC identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos.
Del mismo modo, la Dimayor entró en investigación, ya que se encontró que tenía conocimiento de está "práctica anticompetitiva" y a pesar de "contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados".
Posición de Acolfutpro
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que se ha encargado de denunciar los casos investigados, dio a conocer su postura por la recomendación hecha por la Delegatura de Competencias de la SIC.
"Estos acuerdos fueron ejecutados de forma expresa y tácita, utilizando términos como el 'pacto de caballeros' y la 'solidaridad gremial' para justificar bloqueos a la contratación de futbolistas que, en algún momento, actuaron en defensa de sus derechos para ejercer su actividad profesional. El impacto de estas prácticas no solo afectó a los futbolistas, limitando su desarrollo profesional sino que distorsionó el mercado, impidiendo que los clubes que intentaban actuar dentro del marco legal pudieran competir libremente", indicó el comunicado de Acolfutpro.
Las posibles sanciones
Ante esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer multas que llegarían a los CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV) por cada infracción al régimen de libre competencia.
También se establecerían sanciones de DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV) por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas.