La posible demanda que envuelve a América de Cali y Racing Club por Juan Fernando Quintero ha vuelto a poner el foco sobre los acuerdos de transferencia y las cláusulas discutibles que suelen aparecer en el mercado del fútbol sudamericano.
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Tras la posible demanda del equipo argentino contra el conjunto vallecaucano, debido a la transferencia del mediocampista de la Selección Colombia, ha reabierto un debate que mezcla regulaciones deportivas, promesas verbales y condiciones contractuales que no siempre tienen respaldo legal.
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Durante las últimas horas, distintas fuentes periodísticas revelaron que la institución de Avellaneda prepara una reclamación económica por un supuesto incumplimiento relacionado con una condición pactada en la salida del mediocampista colombiano.
Según estas versiones, Racing habría solicitado que el jugador no regresara al fútbol argentino en un plazo determinado, especialmente evitando su arribo a River Plate, club con el que mantiene una histórica rivalidad. Esa especie de “filtro” habría sido vulnerado cuando Juanfer terminó firmando con el conjunto millonario meses después de haber vestido la camiseta escarlata.
En medio de la discusión, también se filtró que Racing exigiría una compensación cercana a los tres millones de dólares, argumentando que esa cifra corresponde a la penalización por haber roto el compromiso estipulado. La cifra generó sorpresa y un debate inmediato, pues en el fútbol colombiano son contados los clubes capaces de asumir un monto de esa magnitud sin afectar sus proyecciones financieras.
Por otra parte, América de Cali no tardó en preparar su defensa y en recalcar que actuó conforme a la normativa vigente en materia de transferencias. Desde la dirigencia escarlata sostienen que ninguna parte puede impedir el “derecho al trabajo” de un futbolista y que cualquier limitación a un movimiento futuro debe estar amparada en las reglas establecidas por la FIFA, particularmente en lo referente a la influencia de terceros y restricciones indebidas sobre el mercado.
Un punto clave en la estrategia de los vallecaucanos será reiterar que la condición reclamada por Racing no figura como una obligación cerrada o jurídicamente exigible. De acuerdo con versiones cercanas al proceso, el acuerdo habría respondido más a un “pacto de caballeros” que a una cláusula formalmente aceptada por las partes dentro del documento contractual. Para América, este aspecto es determinante, pues la ausencia de validez jurídica debilita sustancialmente cualquier intento de reclamar una indemnización.
Además, en los círculos especializados se ha mencionado que la controvertida “cláusula anti-River” estaría en conflicto con el artículo 18 bis del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, el cual prohíbe que un club influya en decisiones futuras de otro o condicione el destino de un jugador más allá de los acuerdos permitidos. En otras palabras, cualquier limitación que afecte la libertad de negociación es considerada una irregularidad por parte del ente rector del fútbol mundial.
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Mientras tanto, la ausencia de un comunicado oficial por parte de los tres equipos involucrados ha alimentado aún más la expectativa mediática. Hasta ahora, todo se mueve entre filtraciones, reportes de prensa y declaraciones aisladas, como la del presidente del América, quien insistió en que “solo se respetó la voluntad del jugador y lo permitido por el reglamento”. Pese a ello, el asunto sigue escalando y podría convertirse en uno de los casos legales más mediáticos del fútbol continental reciente.